Se resolvió con éxito el primer proceso de mediación en conflictos de salud a través del PROMESA

La litigiosidad y la judicialización son dos de los grandes problemas que arrastra el sistema de salud en Argentina, de la mano de los amparos que los afiliados impulsan para que una cautelar eventualmente les dé la razón y el tratamiento o el medicamento que el seguro médico les niega finalmente sea concedido por un juez.

El sistema de mediación denominado “Promesa” (Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud) lanzado por el Ministerio de Salud logra que las partes tengan la posibilidad de lograr un acuerdo sin necesidad de acudir a la Justicia, lo que implica un ahorro de tiempo y dinero. En el primer caso en el que se utilizó todo se resolvió en menos de una semana, según informó la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

El ministro de Salud, Mario Lugones, declaró a un medio de prensa que “en esta primera experiencia las partes alcanzaron un acuerdo en sólo cuatro días, lo que permitió garantizar la continuidad de un tratamiento médico”.

Lugones consideró: “Sin lugar a dudas, este es un paso importante para acercar soluciones concretas y menos costosas a la gente”. Se espera que a partir de este primer caso haya una continuidad de controversias con obras sociales y prepagas que puedan ir resolviéndose por este nuevo camino, para frenar el creciente ritmo de judicialización en un escenario de crisis.

Optativo y con patrocinio gratuito

El sistema “Promesa”, además de expeditivo, brinda patrocinio jurídico gratuito para los que lo necesitan. Siempre es optativo, por lo que si el damnificado prefiere directamente la acción judicial -en lugar de que los tribunales sean la última instancia- puede hacerlo.

Aunque también existe la posibilidad, como estipuló la reglamentación del sistema, de que incluso para casos ya judicializados los magistrados puedan derivar las causas al “Promesa” de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, “siempre con el consentimiento expreso de la parte actora y una decisión judicial motivada”.

Los mediadores son designados por sorteo y deben haber realizado una capacitación obligatoria que garantice su idoneidad. Para ello se ya se instrumentó una colaboración entre los ministerios de Justicia y de Salud de la Nación a fin de realizar los Programas de Capacitación y el Examen de Idoneidad.

Según una estimación del Instituto de Investigación de Obras Sociales (IIDOS-Osdepym), la litigiosidad en salud creció de 1.130 casos en 2011 a 10.900 en 2025, con un 95,7 por ciento de amparos apoyados en medida cautelar y un 89 por ciento de sentencias favorables al actor. “Esto tensiona financieramente a las obras sociales, empresas de medicina prepaga y distorsiona al sistema en su conjunto”, consideraron.

Ese incremento de las acciones judiciales tuvo que ver básicamente con dos elementos: por un lado, la desregulación del sistema de medicina privada, que en 2024 provocó una ola de amparos por los aumentos de las cuotas, al menos hasta que la SSS intervino y llegó a un acuerdo judicial con las prepagas; y por otro lado, los medicamentos de alto costo, a los que todavía se les debe la tutoría de la anunciada Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits), nunca implementada.

En el último Congreso de ALAMI, Juan Pierre, Gerente de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud ya había explicado durante su disertación el funcionamiento y los beneficios que traería PROMESA.