Obesidad y el debate por su reconocimiento legal

La obesidad es uno de los mayores problemas de salud pública del siglo XXI. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada ocho personas en el mundo vive con esta enfermedad crónica y multifactorial. Su impacto actúa como un factor de riesgo directo para enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y trastornos metabólicos, afectando la calidad y esperanza de vida. En Argentina, de acuerdo con la última encuesta de factores de riesgo, seis de cada diez personas presentan exceso de peso y uno de cada cuatro padecen obesidad.

A pesar de la alta
incidencia, el principal obstáculo para un abordaje efectivo no es solo
sanitario, sino de percepción. “El principal desafío es que la obesidad
aún no es percibida social ni sanitariamente como una enfermedad crónica
compleja, sino como una cuestión de voluntad individual o de hábitos“,
explica el Dr. Jorge Harraca, especialista en Cirugía Bariátrica y
Metabólica [M.N. 8303]. “Esta mirada desactualizada condiciona
todo: retrasa el diagnóstico, dificulta el acceso oportuno a tratamientos
eficaces para médicos, farmacológicos o quirúrgicos, y expone a las personas a
la progresión de enfermedades asociadas“, puntualizó.

“Cambiaría, ante todo, el reconocimiento. Y con él, el acceso“, afirma el Dr. Harraca. “Considerar la obesidad como enfermedad crónica permitiría intervenciones más tempranas, cobertura adecuada de tratamientos basados en evidencia y un abordaje multidisciplinario real. Esto evitaría la progresión hacia comorbilidades como diabetes o hipertensión, que reducen la expectativa y calidad de vida“, detalló.

Finalmente, el impacto
de una ley de este tipo trascendería el sistema de salud para generar un cambio
cultural. “La ley tendría un valor sanitario y también cultural.
Actualizaría el marco conceptual desde el cual se interpreta la obesidad:
dejaría de verse como un problema estético o de conducta para entenderse como
una enfermedad biológica, multifactorial y crónica“, subraya el Dr. Harraca
porque según detalla ese cambio “es clave para reducir el estigma y para
comprender que el tratamiento no es un gasto, sino una inversión en salud“.

“Es hora de que el marco legal y social evolucione para enfrentar esta enfermedad con la seriedad y las herramientas que la ciencia demanda”, finalizó.